Por NOTICIASCD.MX
CDMX, 25 marzo 2025 (INFORMATIVODIGITAL.COM.MX).- A fin de fortalecer los procesos de inspección y sanción en las 16 Alcaldías, propusieron en el Congreso capitalino establecer convenios de coordinación con el INVEA para así tener la facultad de cerrar changarros irregulares que operan en las distintas demarcaciones.
La proposición del morenista, Alberto Vanegas, adiciona el artículo 39 BIS a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para una mayor eficacia en la detección de irregularidades y en la aplicación de sanciones, asegurando que la Ley sea respetada.
«El espíritu es continuar avanzando hacia un esquema de gobernanza más eficiente, donde cada instancia de gobierno cuente con atribuciones claras y coordinadas para responder a los desafíos urbanos y metropolitanos de nuestra región», comentó.
El diputado señaló que la aplicación de las revisiones, en mayor medida, depende del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), organismo responsable de llevar a cabo inspecciones periódicas, aplicar sanciones y clausuras, verificar requisitos de seguridad e higiene, y promover el cumplimiento de la normativa vigente.
Sin embargo, expresó, en la propia Ley del Instituto se establecen mecanismos de colaboración con las alcaldías, pero la Ley Orgánica de Alcaldías no reconoce expresamente estas atribuciones, lo que genera una contradicción jurídica y dificulta la actuación coordinada en el territorio.
«Las alcaldías, como responsables del primer contacto con la ciudadanía, son las primeras instancias a las que acuden nuestras vecinas y vecinos en busca de soluciones a sus problemáticas cotidianas. Actualmente, la falta de armonización en el marco normativo que regula su actuación en los procesos de verificación, ha generado un vacío legal que limita su capacidad de actuación y coordinación con el INVEA», reiteró.
Y es que, en 2023, el INVEA llevó a cabo más de 32 mil visitas de verificación, de las cuales, un 40% estuvo relacionado con establecimientos mercantiles, un 35% con el sector transporte y un 25% con verificaciones urbanísticas y ambientales.
Tan solo en el primer semestre de 2024, se han clausurado más de 500 establecimientos por incumplimientos normativos y se han emitido sanciones por violaciones en materia de impacto ambiental, movilidad y uso de suelo.
La falta de coordinación en materia de verificación administrativa ha generado un escenario en el que las irregularidades en establecimientos mercantiles, transporte, construcción y uso de suelo proliferan sin un control efectivo.
«Como sabemos, uno de los sectores más críticos en materia de verificación es el desarrollo urbano y la construcción inmobiliaria. A pesar de que la normatividad establece límites estrictos en cuanto a uso de suelo, densidad e impacto ambiental, de acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México, en los últimos cinco años, el 35% de las construcciones nuevas ha presentado alguna irregularidad en materia de permisos, lo que genera conflictos urbanos y de infraestructura y, por supuesto, riesgos para la población», aseguró.
