Por Dana Rodríguez
- Mario Sánchez presenta la primera reforma de la estrategia panista contra el despojo y pone presión sobre Morena y el resto de las fuerzas políticas para definir si respaldan nuevos controles patrimoniales.
CDMX, 12 agosto 2026.- La bancada panista en el Congreso local pasó rápidamente de la denuncia política a la operación legislativa. Este miércoles, Mario Enrique Sánchez Flores presentó la primera iniciativa de “Patrimonio Seguro”, la estrategia anunciada apenas el lunes por Acción Nacional para combatir el despojo de viviendas, terrenos y otros bienes inmuebles.
El movimiento tiene una lectura política evidente: el PAN busca apropiarse de una bandera que conecta con un problema altamente sensible para miles de familias y, al mismo tiempo, obligar al Congreso capitalino a pronunciarse sobre una serie de vacíos legales que, según el planteamiento panista, pueden ser aprovechados por los despojadores.
La iniciativa propone cambios al Código Civil, Código Fiscal, Ley del Notariado y Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios.
Sánchez Flores aseguró que el objetivo no es limitarse a aumentar penas después de que una familia perdió su patrimonio, sino intervenir antes de que una operación irregular pueda adquirir apariencia de legalidad.
La frase resume la apuesta panista: “Queremos llegar antes que los despojadores”.
El PAN busca convertir el despojo en bandera política
La estrategia tiene un componente legislativo, pero también uno claramente político.
El PAN pretende colocar el patrimonio familiar en el centro de la discusión capitalina y contrastar su propuesta con los resultados de las instituciones encargadas de investigar y judicializar estos delitos.
De acuerdo con las cifras citadas por Sánchez Flores, entre enero de 2020 y abril de 2026 se registraron 25 mil 18 carpetas de investigación por despojo en la capital. El legislador también señaló que en 2025 el propio Congreso reportó que apenas alrededor de 1 por ciento de más de 21 mil carpetas había llegado a judicialización.
Más que un dato estadístico, el número representa un flanco político para las autoridades: si miles de familias denuncian y muy pocos casos avanzan judicialmente, el problema no parece resolverse únicamente con discursos de endurecimiento penal.
Cuatro candados y una prueba política
La propuesta panista pretende impedir que una posesión presuntamente obtenida mediante fraude, violencia, suplantación, simulación, documentos falsos u ocupación clandestina termine consolidándose por el paso del tiempo.
También busca evitar que el pago del predial o la existencia de registros fiscales sean utilizados como una especie de atajo para acreditar una propiedad que no está respaldada por una escritura.
En el ámbito notarial, plantea controles adicionales sobre identidades, poderes, documentos, antecedentes registrales y pagos. Para las inmobiliarias, propone mayores obligaciones de verificación y trazabilidad.
La apuesta es ambiciosa, pero ahora viene la parte complicada.
El PAN tendrá que conseguir que sus reformas sean discutidas, dictaminadas y eventualmente aprobadas. Ahí estará la verdadera prueba de “Patrimonio Seguro”.
Porque en el Congreso capitalino sobran anuncios y posicionamientos; lo que falta muchas veces es convertirlos en reformas aplicables.
Por eso, el siguiente capítulo de esta pelea no estará en las conferencias de prensa, sino en las comisiones legislativas y en el pleno. El PAN ya puso el tema sobre la mesa. Ahora Morena y las demás fuerzas políticas tendrán que decidir si lo convierten en ley o si la propuesta termina atrapada en el laberinto legislativo.
