Por NOTICIASCD.MX
CDMX, 18 agosto 2025.- La Ciudad de México está a punto de dar un giro inédito en la historia de la justicia mexicana: elegir a jueces y magistrados mediante voto popular. Esta transformación, contemplada en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial capitalino, se presenta como una respuesta al mandato constitucional de fortalecer la independencia judicial y combatir prácticas arraigadas como la corrupción, el nepotismo y la opacidad. Sin embargo, la solución propuesta podría abrir una caja de Pandora con consecuencias imprevisibles.
¿Democracia o populismo judicial?
La elección popular de quienes imparten justicia rompe con el principio tradicional de la carrera judicial, basada en méritos, trayectoria y conocimientos técnicos. Convertir las urnas en el filtro principal para el acceso a cargos tan delicados plantea riesgos serios: la justicia puede contaminarse con intereses políticos, ideológicos o mediáticos. La imparcialidad judicial podría diluirse en campañas electorales, promesas vacías y financiamientos opacos.
¿Serán elegidas las personas más capacitadas o simplemente las más populares?
Un nuevo modelo con órganos poderosos
De acuerdo con la iniciativa de Clara Brugada que llegó este lunes al Congreso capitalino contempla la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación de dos órganos clave: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Ambos con atribuciones fundamentales para operar el sistema: designar, remover, sancionar e investigar a integrantes del Poder Judicial. Además, el Tribunal de Disciplina tendrá resoluciones inapelables. Esto significa que sus decisiones serán definitivas y no estarán sujetas a revisión judicial ni administrativa.
Esta arquitectura, si bien novedosa, concentra mucho poder en órganos que aún están por probar su eficacia, independencia y resistencia a presiones externas.
Los riesgos de una reforma precipitada
La iniciativa plantea objetivos loables: paridad de género, combate frontal a la corrupción, austeridad republicana y garantía de derechos laborales en la judicatura. Pero los métodos para alcanzar estos fines generan dudas. La complejidad del sistema de justicia no se resuelve solo con nuevas figuras legales ni con estructuras más verticales.
El voto ciudadano no garantiza, por sí solo, un Poder Judicial más justo o eficiente. Y cuando las decisiones judiciales se vuelven inapelables, el riesgo no es menor: se puede instaurar un nuevo autoritarismo judicial bajo el disfraz de reformas progresistas.
En suma, esta reforma representa una ruptura con la tradición jurídica mexicana. La pregunta que queda es si estamos ante un avance real hacia la democratización de la justicia, o si esta reconfiguración pavimenta el camino hacia su debilitamiento.
