Por Dana Rodríguez
Ciudad de México, a 31 de agosto del 2025.- Uno de los puntos más destacados —y también más cuestionables— de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial capitalino es la incorporación del principio de austeridad republicana, que prohíbe que algún servidor judicial gane más que la persona titular del Ejecutivo Federal.
Aunque la medida se presenta como un avance en materia de equidad salarial, en realidad forma parte de un paquete de disposiciones que refuerzan el control político sobre el Poder Judicial, debilitando su autonomía bajo el disfraz de eficiencia administrativa.
Además, el Órgano de Administración Judicial, que sustituirá varias funciones clave del extinto Consejo de la Judicatura, será integrado por cinco personas, una de ellas designada directamente por el Ejecutivo local, lo que abre la puerta a una mayor influencia del gobierno capitalino sobre el sistema judicial.
Mientras los legisladores oficialistas aplauden la reforma como un “avance histórico”, no está claro cómo se garantizará la independencia judicial ni la profesionalización real de juezas y magistrados en este nuevo esquema. Austeridad, sí, pero con subordinación institucional.
