Por NOTICIASCD.MX
CDMX, 07 mayo 2026.- La discusión sobre el uso del dinero público tomó un giro social en el Congreso de la Ciudad de México, luego de que la diputada Paula Alejandra Pérez Córdova propusiera nuevas reglas de fiscalización para verificar si los programas gubernamentales realmente están ayudando a mujeres, pueblos originarios y comunidades indígenas.
La legisladora del Partido Verde aseguró que muchas políticas públicas cumplen metas “en papel”, pero no necesariamente transforman la vida cotidiana de la población más vulnerable.
Su propuesta plantea que la Auditoría Superior de la Ciudad de México deje de enfocarse sólo en cifras y revise el impacto humano del gasto público.
“El problema no es únicamente cuánto se gasta, sino a quién beneficia y cómo cambia su vida”, sostuvo durante su intervención ante el pleno.
La iniciativa cobra relevancia porque en la Ciudad de México existen programas con presupuestos etiquetados para igualdad de género e interculturalidad, pero muchas veces no hay herramientas suficientes para medir si:
disminuyen la desigualdad,
mejoran ingresos,
facilitan acceso a servicios,
o reducen barreras para comunidades indígenas y afromexicanas.
La diputada alertó que las brechas siguen presentes en temas como empleo, trabajo no remunerado, acceso a justicia y condiciones dignas de vida.
Uno de los puntos que más llamó la atención fue la propuesta de aplicar auditorías con enfoque territorial e interseccional, es decir, revisar cómo funcionan las políticas públicas en zonas específicas de la capital donde persisten rezagos sociales.
De aprobarse el exhorto, las futuras auditorías podrían detectar programas ineficientes, duplicidad de apoyos o recursos que no llegan a las comunidades objetivo.
Para la ciudadanía, esto podría traducirse en una vigilancia más estricta sobre el uso de impuestos y presupuestos públicos, especialmente en programas sociales y acciones dirigidas a grupos vulnerables.
La propuesta abre además un nuevo debate en la capital: si los gobiernos deben ser evaluados no sólo por gastar recursos, sino por demostrar con evidencia que están reduciendo desigualdades y mejorando la calidad de vida de la población.
