Por Dana Rodríguez
CDMX, 15 de agosto de 2025. – La reciente aprobación de la Ley Antifraneleros por parte del Congreso capitalino ha generado reacciones divididas. Por un lado, se celebra como una acción firme para recuperar la vía pública y frenar la extorsión; por otro, se cuestiona la lógica de criminalizar la pobreza sin ofrecer alternativas reales.
A partir de esta reforma, quienes cobren por apartar lugares, cuidar autos o lavar vehículos en la calle podrían enfrentar hasta 36 horas de arresto, una sanción que, aunque parece menor, profundiza la criminalización del trabajo informal, sin resolver su raíz: la falta de oportunidades y empleo formal para miles de personas en la ciudad.
🧮 ¿Quién gana y quién pierde?
El dictamen, impulsado por Clara Brugada, fue presentado como una respuesta a la demanda de vecinos que sufren a diario la presencia de franeleros que, en muchos casos, no sólo cobran, sino también intimidan o amenazan a quienes se niegan a pagar. La percepción de inseguridad crece, sobre todo en áreas donde la presencia del Estado es limitada.
Sin embargo, expertos en política social advierten que la medida puede tener efectos contraproducentes: al no ofrecer alternativas, solo se desplaza el problema a otras zonas o se incentiva una mayor confrontación entre franeleros y autoridades.
“Se está atacando el síntoma, no la enfermedad. Si no se atienden las condiciones de informalidad, desempleo y falta de ingresos, este tipo de medidas sólo maquillan el problema”, comenta Mariana Bautista, analista urbana.
📉 ¿Qué dice la estadística?
Entre 2019 y 2024, el aumento en remisiones por estas prácticas fue de más del 80%, según datos presentados en el dictamen. Sin embargo, esta cifra refleja más bien un crecimiento de la informalidad urbana, que no se puede reducir únicamente con castigos.
En algunos casos, los franeleros ni siquiera se quedan con el dinero recaudado. Existen reportes de estructuras criminales que exigen cuotas diarias y amenazan a quienes no cumplen, lo que convierte al franelero en víctima tanto como en infractor.
🧩 ¿Y la política pública?
La diputada Bravo aseguró que “se está trabajando en una política pública para atender a quienes se dedican a esta actividad”, pero hasta el momento no se ha presentado ningún plan detallado, presupuesto ni cronograma. Es decir, se castiga primero y se promete ayudar después.
Así, la capital del país enfrenta una contradicción: mientras la informalidad laboral supera el 50%, el gobierno opta por penalizar una de sus manifestaciones más visibles sin atacar el sistema que la sostiene.
