Por Dana Rodríguez
CDMX, 2 noviembre 2025.- El anuncio reciente del aumento a la tarifa del transporte público pone en evidencia la preocupante falta de innovación en la estrategia para forzar a los transportistas a mejorar el servicio. La pregunta clave fue: ¿cómo se garantizará el cumplimiento de las reglas que ya existen pero que no se respetan? La respuesta de los funcionarios fue insistir en la aplicación de la normativa actual.
En conferencia de prensa, el secretario de Movilidad García Nieto se limitó a enlistar las sanciones ya establecidas en la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito: suspensiones de 15 días, sanciones económicas y, en casos extremos, la cancelación de rutas. Sin embargo, la prensa recordó que infracciones como el aumento ilegal de la tarifa previo al acuerdo, el uso de rutas inexistentes o el traslado con acompañantes son obviedades que ocurren ante los ojos de la policía y no pasa nada.
Para la ciudadanía, el único beneficio inmediato prometido por el secretario de Gobierno, César Cravioto, son mejoras que «no requiere una gran inversión de los transportistas», como el uso de uniforme, limpieza de unidades, y bajar el volumen de la música. Esto sugiere que el Gobierno capitalino está priorizando la disciplina superficial sobre la seguridad y el estado físico-mecánico de los vehículos.
Las rutas más problemáticas, inseguras o con más incidentes vehiculares están «permanentemente» bajo operativo, pero en la zona de Iztapalapa, se han atestiguado abusos que evidencian la ineficacia de los mecanismos de supervisión actuales.
El mensaje es claro: se aumenta la tarifa, pero las sanciones ineficaces y los reglamentos ya fallidos seguirán siendo la única herramienta para combatir el abuso crónico.
