Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 23 abril 2026.- El caso de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar escaló al Congreso de la Ciudad de México con una exigencia contundente: juicio público, destituciones inmediatas y cárcel para funcionarios que hayan retrasado su búsqueda o incumplido protocolos.
Legisladores del PAN denunciaron que no basta con separar del cargo a responsables administrativos si existieron omisiones graves o actos de corrupción, ya que dichas conductas pueden constituir delitos que deben investigarse penalmente.
Señalaron que cualquier servidor público que haya obstaculizado la investigación, retrasado diligencias o solicitado dinero a la familia debe enfrentar procesos judiciales y responder ante un juez.
Además, propusieron crear el “Protocolo Edith”, un mecanismo obligatorio de reacción inmediata en casos de desaparición de mujeres para evitar burocracia, negligencia o indiferencia institucional.
Sin embargo, denunciaron que Morena votó para impedir que el tema se discutiera como urgente y obvia resolución, lo que calificaron como una señal preocupante frente a un caso que exige respuestas inmediatas y sanciones ejemplares.
“Justicia para Edith significa castigo al feminicida, sanción a funcionarios omisos y garantías reales de no repetición”, afirmaron.
El debate ya no es sólo sobre un crimen: es sobre la responsabilidad del Estado cuando falla en proteger la vida de las mujeres.
