Redacción
Ciudad de México, 27 de julio del 2025.- Los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas retratan una ciudad en crisis: más de mil personas desaparecidas en seis meses, un aumento sin precedentes, y un sistema que sigue sin ofrecer respuestas efectivas. La iniciativa de Movimiento Ciudadano de crear una Comisión Especial de Seguimiento en el Congreso local llega como una llamada de atención, pero también como reflejo de la limitada participación legislativa en un problema público de alto impacto.
A pesar de la creación de la Estrategia para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, los resultados aún son opacos. La falta de coordinación interinstitucional, el enfoque limitado de las políticas actuales y la ausencia de justicia para las víctimas agravan la situación.
El reto ahora es doble: lograr que la Comisión propuesta sea aprobada por la JUCOPO y garantizar que sus funciones no se limiten al monitoreo pasivo. La sociedad exige acciones reales, no estructuras burocráticas vacías. El Congreso debe dejar de ser espectador y convertirse en garante activo del derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.
