Por Dana Rodríguez
CDMX, 10 marzo 2026.- El derrumbe del edificio en demolición en San Antonio Abad, que dejó tres trabajadores muertos, abrió un nuevo frente político en la Ciudad de México luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidiera reforzar la supervisión de demoliciones en las alcaldías, lo que apunta directamente a la responsabilidad territorial de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina confirmó el fallecimiento de tres personas tras el colapso del inmueble —dañado desde el sismo de 2017— y aseguró que el proceso de demolición fue iniciado por particulares y tramitado conforme a la ley ante la Comisión de Reconstrucción.
Sin embargo, Brugada subrayó que las alcaldías tienen atribuciones directas en la vigilancia de obras y demoliciones, por lo que anunció que solicitará a todos los gobiernos locales de la ciudad fortalecer los mecanismos de supervisión.
El edificio ubicado sobre San Antonio Abad había sido clasificado como de alto riesgo desde 2018, tras sufrir daños durante el Terremoto de Puebla de 2017, y debía ser demolido para evitar tragedias.
A pesar de ello, el desplome durante los trabajos de demolición dejó al descubierto posibles fallas en la vigilancia del proceso, una responsabilidad que, de acuerdo con el marco legal, también corresponde a la alcaldía donde se ubica el inmueble.
La jefa de Gobierno informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya abrió una investigación para determinar las causas del derrumbe y deslindar responsabilidades.
“No puede haber impunidad”, advirtió Brugada, al señalar que el gobierno capitalino apoyará a las familias de las víctimas y garantizará la reparación integral del daño.
Mientras avanzan los peritajes, el caso ya encendió cuestionamientos sobre la supervisión de obras en la alcaldía Cuauhtémoc, una demarcación donde diversos edificios dañados por el sismo de 2017 aún siguen en procesos de demolición o reconstrucción.
