Por NOTICIASCD.MX
CDMX, 31 julio 2024 (PERIODISMONEWS.COM).- La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, en el Congreso capitalino, Martha Avila Ventura, celebró la iniciativa enviada por el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, que busca frenar el incremento exponencial de las rentas de inmuebles en la capital.
La morenista detalló, en entrevista, que la propuesta plantea modificaciones tanto al Código Civil como a la Ley de Vivienda, ambas vigentes en la Ciudad de México, tiene la finalidad de garantizar que los aumentos anuales a las rentas no sean mayores a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior.
Avila Ventura que, aunado a lo anterior, se establecerá un registro digital de contratos de arrendamiento de autorización inmediata y a cargo del Gobierno de la Ciudad; esto, con la finalidad de que, en un lapso no mayor a 30 días después de la celebración del contrato, el arrendador lo registre en esta plataforma.
«Por lo que respecta a la propuesta para reformar diversos artículos de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, se trata principalmente de establecer la competencia del Gobierno local para poner en marcha políticas públicas que impulsen la producción pública de vivienda en renta que estarían destinadas para el beneficio de la población con menores ingresos», detalló.
En ese sentido, reflexionó la diputada, la aprobación de esta iniciativa puede traer importantes beneficios para mejorar la calidad de vida de las personas en la ciudad. Impactaría, dijo, directamente a los beneficiados por las políticas públicas, pero también se reflejaría en la mejora de la movilidad y la dinámica económica de las colonias donde se desarrollen dichas políticas.
«En ese sentido, desde el Congreso vamos a realizar las gestiones necesarias para que esta iniciativa se apruebe a favor de nuestra gente», aseveró.
Finalmente, Martha Avila precisó la ruta legislativa para aprobar dicha propuesta y dijo que el primer paso será enviarla a Comisiones para su análisis y dictamen. «Se abrirá un periodo de 10 días para que la ciudadanía pueda opinar respecto al contenido de la propuesta y posteriormente podría dictaminarse en la comisión correspondiente, para después pasar a votación en el pleno del Congreso».
