Por Arturo Gutiérrez
Ciudad de México, 15 de octubre de 2025.- El diputado local Alberto Vanegas Arenas advirtió que la violencia política y la discriminación estructural siguen vulnerando gravemente los procesos democráticos en la Ciudad de México. Tan solo entre 2018 y 2024, se han registrado cerca de 2 mil amenazas y atentados relacionados con la participación política, particularmente contra mujeres y personas LGBTTTI.
Durante la presentación de su iniciativa de reforma electoral, el legislador por Morena detalló que la propuesta busca modificar los artículos 18, 19, 20 y 21 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la capital, con el fin de incorporar mecanismos reales de prevención, sanción y formación en temas de derechos humanos, paridad de género y diversidad sexual.
“El 37% de las personas LGBTTTI han sufrido actos de discriminación en el último año, mientras que seis de cada diez han sido víctimas de exclusión en algún momento de sus vidas. Esta no es una problemática aislada, es estructural”, señaló Vanegas.
También se proponen cambios a los artículos 339, 400 y 444 para transformar las actuales disposiciones sobre violencia política en acciones obligatorias para las instituciones. Esto permitiría sancionar de manera más efectiva a quienes ejerzan violencia o exclusión en el marco de procesos electorales.
“Estas cifras deben alarmarnos. No podemos seguir permitiendo que la discriminación sea un freno para la participación política. La representación democrática debe incluir todas las voces, sin excepción”, declaró el diputado.
Además, Vanegas recordó que en los últimos seis años, México ha avanzado en marcos normativos que promueven la paridad, pero advirtió que aún hay brechas significativas en la implementación efectiva de estas políticas. Por ello, su propuesta apunta a fortalecer el marco institucional de la capital y a reafirmar su vocación como espacio de protección de derechos.
El legislador pidió al Pleno del Congreso respaldar esta propuesta desde las comisiones para consolidar un dictamen robusto y progresista. “No se trata solo de garantizar el derecho a votar y ser votado, sino de asegurar que todas las personas puedan ejercer ese derecho en igualdad de condiciones, libres de violencia y discriminación”, afirmó.
