Por Dana Rodríguez
CDMX, 17 septiembre 2025.- El Gobierno de la Ciudad de México anunció que ha entregado apoyos económicos a las víctimas del accidente del 9 de septiembre. Sin embargo, los montos son tan reducidos que resultan insultantes frente a la magnitud de la tragedia: $20,000 para personas lesionadas y $50,000 para familiares de fallecidos. Mientras las familias intentan sobrevivir a pérdidas irreparables y deudas acumuladas, la administración de Clara Brugada ofrece lo mínimo y pone trabas para acceder a otros recursos.
La Fiscalía capitalina aclaró que ningún pago de aseguradoras o de la empresa responsable puede entregarse directamente a las víctimas. Todo debe pasar por la Fiscalía y contar con asesoría jurídica previa. Esta medida, presentada como “protección”, en realidad burocratiza el proceso y ralentiza los apoyos en una emergencia donde el tiempo es crucial.
Testimonios recogidos en hospitales y albergues confirman que muchas víctimas aún no han recibido ayuda oficial. Han sido ciudadanos quienes, de forma independiente, han llevado insumos, comida y recursos básicos. Sin embargo, incluso estas donaciones están siendo cuestionadas por el Gobierno, que advierte sobre “fraudes” en redes sociales y promueve un Comité de Solidaridad que aún no inicia funciones.
Además, se evadieron compromisos concretos sobre apoyos mensuales, becas escolares o ayuda alimentaria a largo plazo para quienes han perdido a sus jefes de familia. Tampoco se dio fecha límite para la reparación integral del daño.
En lugar de respuestas firmes y apoyo real, el Gobierno ha optado por el control del flujo de dinero, la retórica administrativa y las promesas pospuestas. Mientras tanto, las víctimas enfrentan solas el duelo, el desempleo, la pobreza y la incertidumbre.
