Por Dana Rodríguez
CDMX, 17 septiembre 2025.- El manejo informativo por parte de las autoridades capitalinas sobre la muerte del chofer Fernando Soto Munguía debe encender las alarmas sobre cómo se comunican las tragedias públicas en este país. Si ya se conocía su nombre, edad (34 años) y la empresa para la que trabajaba (Transportadora Silza), ¿qué impedía anunciar oficialmente su fallecimiento de inmediato?
La respuesta oficial ha sido el silencio. No hubo explicación sobre la demora, ni sobre el proceso de identificación, ni sobre por qué el chofer seguía “custodiado” pese a estar clínicamente muerto.
Este tipo de ocultamientos o retrasos tienen consecuencias:
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Generan desconfianza en las instituciones que deben garantizar el acceso a la verdad.
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Impiden que las víctimas sean despedidas dignamente por sus familias.
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Diluyen las responsabilidades legales de empresas o funcionarios que debieron actuar preventivamente.
¿Se trató de proteger la imagen de la empresa? ¿Se quiso evitar que se aceleraran las críticas por falta de supervisión o capacitación del chofer? ¿Temían que la indignación social escalara justo durante las festividades patrias?
Nada de eso justifica la falta de claridad ni la desinformación intencional. El acceso a la información pública no puede ser selectivo, ni mucho menos usado para manipular narrativas en momentos de crisis.
Este caso es también un llamado a que se revisen los protocolos de comunicación institucional en situaciones de desastre: las víctimas, sus familias y la ciudadanía merecen saber la verdad, completa y a tiempo.
