Por Dana Rodríguez
Ciudad de México, 15 de agosto de 2025.- El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas que prohíben de manera total la producción, distribución, uso y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos, incorporándolos al mismo marco legal que regula el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas peligrosas.
Esta decisión forma parte de un paquete legislativo que modifica tanto la Constitución local como la Ley de Salud, con el objetivo declarado de garantizar el derecho a la salud. Para los legisladores de la mayoría, se trata de una medida urgente ante el avance del consumo entre adolescentes, quienes duplican en uso a los adultos, según datos presentados por la diputada Valeria Cruz (MORENA).
Pero no todos los congresistas compartieron el entusiasmo por la medida. Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Patricia Urriza alertó sobre las implicaciones económicas y sanitarias de la prohibición total. Citando estudios del Colegio de México, explicó que el mercado de vapeadores podría generar hasta 7 mil millones de pesos anuales en impuestos, si se regulara adecuadamente.
“No podemos cerrar los ojos al mercado, fingiendo que no existe. Lo que sí podemos hacer es regularlo, controlarlo y usarlo para financiar programas de prevención y salud”, argumentó Urriza, quien también expresó preocupación por la criminalización de consumidores y pequeños comerciantes.
La reforma equipara los vapeadores con sustancias como el fentanilo, sin diferenciar entre niveles de daño, uso terapéutico o perfil del consumidor. Para muchos expertos, esto representa una visión prohibicionista y simplista que podría tener efectos contraproducentes. “En lugar de prevenir, se puede estar empujando a los jóvenes a consumir productos sin control sanitario en un mercado negro creciente”, advirtió un especialista en políticas públicas que pidió anonimato.
Mientras tanto, los legisladores de Morena y el PT justificaron la medida como una defensa contundente de la salud pública, señalando que la mayoría de los vapeadores disponibles en el mercado no están regulados, y que contienen sustancias tóxicas con efectos aún desconocidos a largo plazo.
La medida podría enfrentar retos legales por parte de empresas, consumidores e incluso organismos de derechos humanos que argumenten que prohibir el consumo sin ofrecer alternativas viola libertades individuales y el derecho a la información.
Lo que queda claro es que la Ciudad de México ha optado por una vía dura que podría tener consecuencias tanto en términos de salud como de economía. La pregunta es: ¿realmente se combate la adicción con prohibiciones o con información, prevención y regulación?
