Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 24 agosto 2025.- Una vez más, la llamada Bancada Inmobiliaria del PAN ha salido en defensa de los intereses privados, esta vez mediante la presentación de un amparo contra el Bando 1, conjunto de medidas que buscan frenar la gentrificación y garantizar rentas justas en la Ciudad de México.
El diputado Paulo García, vocero de Morena en el Congreso capitalino, denunció que la oposición actúa como operadora política del capital inmobiliario. “Pareciera una caricatura, pero no lo es. El PAN se indigna porque queremos una ley que permita a la gente vivir en sus barrios sin ser desplazada por los especuladores”, afirmó.
El amparo fue presentado ante la justicia administrativa federal, donde participa el juez Trepi, personaje polémico por sus fallos anteriores, entre ellos la suspensión de una Utopía en Cuajimalpa y su intento por privatizar un área natural protegida en el Bosque de Chapultepec. La recurrencia de este juez en casos de interés inmobiliario ha encendido alertas sobre la captura del poder judicial por intereses empresariales.
“El PAN no solo legisla para los desarrolladores, también litiga para ellos”, acusó García. Señaló que esta estrategia es parte del patrón de actuación del “Cártel Inmobiliario”, que en años recientes ha sido vinculado a redes de corrupción en Benito Juárez y otras alcaldías.
La disputa por el Bando 1 no es meramente legal, sino profundamente política: enfrenta dos modelos de ciudad. Uno, orientado al lucro inmobiliario sin límites, y otro, que busca proteger el tejido social de los barrios y el derecho a la vivienda digna. En medio, una ciudadanía que sigue enfrentando alzas en las rentas, desalojos encubiertos y un acceso cada vez más restringido a vivienda asequible.
