Por Dana Rodríguez
CDMX, 15 de diciembre de 2025.— La discusión de la Ley de Transparencia en el Congreso local terminó exhibiendo el rostro más crudo del poder: imposición, violencia y desprecio por el debate. Diputadas de Morena y del PAN protagonizaron un violento enfrentamiento físico que dejó en evidencia la fragilidad institucional del Legislativo capitalino.
La diputada panista Daniela Álvarez Camacho tomó la Mesa Directiva como acto de protesta ante lo que calificó como un intento de desmantelar la autonomía del Instituto de Transparencia. La respuesta no fue política ni parlamentaria, sino física. Legisladoras de Morena, encabezadas por Yuriri Ayala, intentaron bajarla a golpes y jalones de cabello, desatando un caos que paralizó la sesión.
Mientras el presidente de la Mesa, Jesús Sesma, observaba sin poder imponer orden, el pleno se convirtió en una escena de empujones y gritos. La confrontación escaló al punto de requerir la intervención de otras diputadas oficialistas, como Martha Ávila, para frenar a sus propias compañeras y evitar que el conflicto pasara a mayores.
Lejos de suspender la sesión o llamar a cuentas a las responsables, el Congreso continuó con el trámite legislativo. El dictamen fue aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados, confirmando que la prioridad no era el diálogo ni la legalidad, sino cumplir con una agenda apresurada para avalar reformas pendientes.
El episodio deja una pregunta incómoda: ¿qué tipo de transparencia puede surgir de un proceso marcado por la violencia y la imposición? Por ahora, la respuesta quedó sepultada entre los golpes que resonaron en el pleno y la prisa por levantar la mano.
