Por Arturo Gutiérrez
Ciudad de México, 11 de septiembre de 2025. – El Congreso capitalino aprobó la integración del Consejo Ciudadano Honorífico de Derechos Humanos sin incluir a representantes de sectores clave en la defensa de derechos humanos en la ciudad: pueblos originarios, población LGBT+ excluida, mujeres defensoras comunitarias, personas migrantes y víctimas de violencia institucional.
Los 11 perfiles, presentados como “pluralidad ciudadana”, responden más a una lógica tecnocrática y burocrática que a una representatividad social auténtica. La mayoría de los integrantes provienen del ámbito académico, de organizaciones institucionalizadas o de estructuras que han mantenido una relación de colaboración con entes gubernamentales, lo que diluye su papel como contrapeso.
La Ciudad de México, históricamente considerada un bastión progresista en materia de derechos humanos, atraviesa una etapa crítica. Casos recientes como el uso desproporcionado de la fuerza en protestas feministas, la criminalización del trabajo sexual, la violencia estructural hacia personas trans, y el rezago en políticas públicas hacia personas en situación de calle, no han sido enfrentados con contundencia ni por el Congreso ni por la actual CDHCM.
En ese contexto, el nuevo consejo era una oportunidad para incorporar voces incómodas y experiencias desde la base social. Sin embargo, la falta de diversidad interseccional, la exclusión de personas con trayectoria en defensa territorial, justicia comunitaria o denuncias contra el Estado, y la ausencia de transparencia en el proceso, revelan una visión domesticada de los derechos humanos.
La diputada Guerrero Maya aseguró que el consejo “estará a la altura del desafío”, pero esa altura dependerá de su capacidad para actuar con independencia y confrontar al poder, no de repetir narrativas oficiales desde un espacio decorativo.
