Por Dana Rodríguez
Ciudad de México, 9 de abril de 2026. — La aprobación de la Reforma Electoral denominada Plan B, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa generando posicionamientos en el Congreso de la Ciudad de México, donde legisladores afines a la llamada transformación han defendido su contenido como un instrumento de justicia económica y democratización del poder.
En este contexto, la diputada Diana Sánchez Barrios respaldó la minuta al considerar que corrige distorsiones históricas en el ejercicio del gasto público, al tiempo que combate el uso excesivo de recursos en estructuras burocráticas.
Desde tribuna, la legisladora argumentó que la reforma busca garantizar que el gobierno deje de ser un espacio de privilegios para unos cuantos y se convierta en un instrumento de bienestar colectivo, particularmente para sectores históricamente excluidos como mujeres, trabajadoras del comercio popular y comunidades vulnerables.
Uno de los puntos clave de la iniciativa es la regulación del gasto en órganos legislativos locales, estableciendo límites claros para evitar excesos presupuestales. Asimismo, se plantea una reconfiguración de los ayuntamientos para hacerlos más eficientes y menos costosos.
Sánchez Barrios también destacó que la reforma fortalece el marco constitucional al reforzar la obligación del Estado de ejercer el gasto público con transparencia y responsabilidad, alineándose con los principios establecidos en el artículo 134.
“Cada peso que se le quita al privilegio se convierte en oportunidad para quienes han sido históricamente excluidos”, afirmó, al tiempo que insistió en que los ahorros generados serán canalizados hacia proyectos de infraestructura y programas sociales.
La legisladora concluyó que el Plan B no sólo representa una reforma administrativa, sino un cambio de fondo en la concepción del poder público, al vincular la democracia con la justicia económica y la redistribución de recursos.
