Por Arturo Gutiérrez
Ciudad de México, a 26 de marzo del 2026.- Con aplausos, unanimidad y narrativa de transformación, además de la ausencia de los diputados panistas, el Congreso de la Ciudad de México avaló la reforma al artículo 127 constitucional para poner límites a jubilaciones millonarias en el sector público. Un golpe mediático contra los excesos… pero con serias dudas sobre su viabilidad a largo plazo.
El discurso oficial fue claro: terminar con los privilegios de una élite burocrática. Ernesto Villarreal Cantú culpó al pasado neoliberal de haber creado un sistema donde unos cuantos cobraban millones mientras la mayoría apenas alcanzaba lo básico.
Pero no todos compraron el relato completo. Patricia Urriza Arellano lanzó una advertencia incómoda: esta reforma no resuelve el verdadero problema. Las nuevas generaciones están pagando pensiones que quizá nunca recibirán.
El señalamiento es brutal: el sistema de pensiones en México sigue sin futuro claro. La reforma castiga excesos del pasado, pero no garantiza estabilidad para quienes hoy sostienen el sistema.
A esto se suma la alerta del PRI, que advierte sobre el riesgo de romper reglas previamente pactadas, generando incertidumbre jurídica en un país donde la confianza institucional ya está debilitada.
El Congreso vendió la reforma como un acto histórico de justicia social. Pero entre líneas, queda una realidad incómoda: se cortan privilegios… sin resolver el problema de fondo.
El aplauso fue unánime. La incertidumbre también.
