Por Dana Rodríguez
CDMX, 01 septiembre 2025.– La toma de protesta de los 137 nuevos integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México, un evento sin precedentes en la historia local, se ha convertido en un terreno fértil para la polémica. Mientras algunos celebran lo que consideran un paso hacia una justicia más cercana al pueblo, otros, especialmente los grupos opositores, advierten que la reforma tiene un propósito más oscuro: subordinar al poder judicial al control de un solo partido político.
El acto formal, realizado en el Congreso de la Ciudad de México, contó con la presencia de figuras destacadas como la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto. Aunque la ceremonia fue presentada como un avance democrático, las críticas no tardaron en surgir, particularmente por parte de los opositores.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, fue tajante al calificar la reforma como una estrategia para debilitar la autonomía judicial. Según Torres, Morena impulsó la reforma bajo el supuesto de democratizar la justicia, pero lo que realmente busca es someter al Poder Judicial a la voluntad de un solo partido, debilitando las garantías de independencia. «Lo que vemos hoy no es un Poder Judicial fortalecido, sino uno sometido, donde el control de la justicia es parte de una estrategia de poder», expresó el legislador.
En contraste, la bancada de Morena, liderada por Xóchitl Bravo, defendió la reforma señalando que la elección de los nuevos jueces y magistrados fue resultado del voto directo de la ciudadanía, eliminando las prácticas de cuotas y privilegios que históricamente habían empañado la designación judicial. «Este es un Poder Judicial elegido por el pueblo, que garantice la imparcialidad y la justicia. Ya no hay lugar para las viejas prácticas del pasado», reiteró Bravo.
Desde el Partido Verde, el nuevo coordinador Manuel Talayero también destacó el carácter transformador de la reforma. Según él, la clave de este cambio radica en la creación de un Poder Judicial que impulse una ciudad más justa, menos desigual y más cercana a las necesidades de los habitantes de la capital. «El derecho es la herramienta que tenemos para lograr una verdadera transformación social», dijo Talayero, subrayando que esta reforma puede marcar una diferencia significativa en la vida de los capitalinos.
Sin embargo, los panistas fueron los más contundentes en su oposición, alertando sobre los peligros de un Poder Judicial «controlado por el gobierno». El diputado Diego Garrido consideró que el nuevo modelo judicial pone en riesgo la autonomía de las instituciones y, por ende, la división de poderes en la ciudad. «Este es un ataque directo a la independencia judicial, y las consecuencias de no defenderla podrían ser devastadoras para la democracia», sostuvo Garrido.
El debate sigue abierto. Mientras que para algunos la reforma representa un avance necesario para garantizar un sistema judicial más cercano a la ciudadanía, para otros es el inicio de un proceso de concentración de poder que amenaza con debilitar la separación entre los poderes del Estado. El futuro del Poder Judicial de la Ciudad de México, y su capacidad para mantener su independencia, continúa siendo una cuestión clave en la política local.
