Por Dana Rodríguez
Ciudad de México.— Lo que debía ser mantenimiento urbano se ha convertido en un foco de conflicto: obras en la alcaldía Álvaro Obregón están siendo señaladas como un posible “atropello patrimonial” en zonas históricas emblemáticas del sur de la capital.
Las diputadas Claudia Montes de Oca y Liz Salgado alertaron sobre intervenciones irregulares en San Ángel, San Ángel Inn y Chimalistac, donde el patrimonio urbano estaría siendo alterado sin apego a la normatividad.
📢 Reclamos ciudadanos se multiplican
Vecinos y especialistas han alzado la voz ante lo que consideran una ejecución deficiente de obras públicas: empedrados históricos reemplazados por pavimento, intervenciones sin criterios técnicos visibles y falta de información oficial.
Las redes sociales se han convertido en un termómetro del descontento, donde se exhiben calles intervenidas sin respeto por su valor histórico.
❗ Falta de autorización levanta sospechas
Uno de los puntos más delicados es la ausencia de evidencia sobre permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, autoridad encargada de proteger el patrimonio histórico.
La legislación es clara: cualquier intervención en zonas patrimoniales debe contar con autorización y seguir lineamientos estrictos de conservación.
“No hay claridad sobre si estas obras cumplen con la ley”, advirtió Salgado, abriendo la puerta a posibles responsabilidades administrativas.
🕰️ Historia que podría perderse
Estas zonas no son cualquier colonia. Su origen se remonta a procesos históricos clave del Valle de México, desde asentamientos prehispánicos hasta su consolidación en la época colonial alrededor del Convento del Carmen.
Hoy, ese legado enfrenta una amenaza silenciosa: intervenciones que, lejos de conservar, transforman de manera irreversible el paisaje urbano.
⚖️ Obligación legal, no opcional
Las legisladoras fueron contundentes: respetar el patrimonio no es una decisión política, es una obligación legal.
“El reto no es intervenir, sino hacerlo bien. Lo contrario es negligencia”, sentenciaron.
Mientras tanto, la ciudadanía exige respuestas. La pregunta sigue en el aire: ¿quién está autorizando estas obras y bajo qué criterios?
