Por NOTICIASCD.MX
CDMX, 08 julio 2025 (LAMETROPOLI.COM.MX).- En el marco de la segunda mesa de trabajo interinstitucional en materia de Salud Mental y Adicciones, organizada por la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, se destacó la necesidad de actualizar el marco jurídico local para abordar el suicidio como un problema de salud pública.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2020 y 2023, el 81.1% de las personas que fallecieron por suicidio en México fueron hombres, mientras que el 18.9% fueron mujeres. Además, el 65.6% de estas muertes correspondió a personas menores de 40 años, lo que subraya la urgencia de implementar políticas públicas enfocadas en la prevención, especialmente en poblaciones jóvenes.
CONTEXTO Y DATOS CLAVE
El suicidio en México ha mostrado un incremento preocupante en los últimos años. De acuerdo con el INEGI, en 2023 se registraron aproximadamente 8,000 defunciones por suicidio, con una tasa de 6.2 por cada 100,000 habitantes, siendo los hombres el grupo más afectado.
Los estados con mayores tasas incluyen Chihuahua, Aguascalientes y Yucatán, mientras que la Ciudad de México reporta una incidencia significativa, especialmente en alcaldías IZTAPALAPA y GUSTAVO A. MADERO.
Factores como la desigualdad, la pobreza, el desempleo, el acceso limitado a servicios de salud mental y el estigma social han sido identificados como determinantes sociales que agravan el riesgo de suicidio.
Valeria Cruz Flores, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Salud, enfatizó que el marco jurídico actual es insuficiente para abordar esta problemática de manera integral.
Propuso incorporar un capítulo específico en la Ley de Salud local para la atención del suicidio, con un enfoque intersectorial que no solo contemple la salud mental, sino también las adicciones y los factores socioeconómicos. Este enfoque busca reducir riesgos mediante políticas públicas que promuevan la igualdad, el empleo y el acceso a servicios psicológicos.
PERSPECTIVAS DE LEGISLADORES
Durante la mesa de trabajo, titulada “Hacia un nuevo marco jurídico”, se abordaron diversas dimensiones del problema. La diputada del Partido Verde, Yolanda García Ortega, destacó la importancia de un abordaje integral que contemple aspectos emocionales, señalando que la frustración derivada de necesidades no satisfechas puede llevar a las personas a considerar el suicidio. “A veces, solo necesitan ser escuchados”, afirmó, subrayando la necesidad de fortalecer los servicios de atención psicológica.
En su intervención, el panista Ricardo Rubio Torres abogó por una estrategia coordinada e interdisciplinaria que involucre a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con énfasis en la capacitación del personal de salud y la participación comunitaria. Rubio resaltó la importancia de protocolos claros para la prevención, identificación y atención oportuna del suicidio, así como la posvención (apoyo a los familiares y seres queridos de las víctimas).
Judith Vanegas Tapia, legisladora por Morena, hizo hincapié en las deficiencias del primer nivel de atención médica en México, que debería ser la primera línea de defensa para detectar y tratar problemas de salud mental. Propuso la asignación de al menos un psicólogo por turno en todos los centros de salud del país, además de fortalecer la capacitación del personal médico, que también enfrenta problemas de salud mental debido a las condiciones laborales.
PROPUESTAS Y TEMAS CLAVE:
La mesa de trabajo analizó varios aspectos cruciales para la creación de un nuevo marco jurídico:
- **Reconocimiento del suicidio como problema de salud pública**: Es fundamental que las autoridades lo prioricen y asignen recursos suficientes para su atención.
- **Prevención y detección temprana**: Se requiere implementar programas de sensibilización y capacitación para identificar señales de alerta, especialmente en poblaciones vulnerables como jóvenes, hombres y personas en situación de pobreza.
- **Protocolos de actuación**: Actualizar y estandarizar los procedimientos en centros de salud para garantizar una atención oportuna.
- **Posvención**: Establecer programas de apoyo psicológico para los familiares y comunidades afectadas por un suicidio.
- **Bienestar emocional**: Promover campañas que fomenten la educación emocional y reduzcan el estigma asociado con la búsqueda de ayuda psicológica.
- **Enfoque intersectorial**: Integrar esfuerzos entre los sectores de salud, educación, trabajo y desarrollo social para abordar los determinantes sociales del suicidio.
RETOS Y SIGUIENTES PASOS
A pesar de los avances en la discusión, persisten desafíos significativos. La falta de presupuesto para servicios de salud mental, la escasez de psicólogos en el sistema público (según datos de la Secretaría de Salud, México cuenta con aproximadamente 4.5 psicólogos por cada 100,000 habitantes, muy por debajo de las recomendaciones internacionales) y el estigma cultural son barreras importantes.
Además, la coordinación entre las alcaldías y el gobierno federal debe fortalecerse para garantizar una implementación efectiva de las políticas propuestas.
La Comisión de Salud del Congreso capitalino planea continuar con estas mesas de trabajo para consolidar un proyecto de ley que contemple estas propuestas. Se espera que el nuevo marco jurídico incluya medidas específicas para la prevención del suicidio, como líneas de atención 24/7, programas escolares de salud mental y campañas de concientización a nivel comunitario.
