CDMX, 09 diciembre 2022 (QUENOCALLETUCALLE.COM / INFORMATIVODIGITAL.COM.MX).- Para muchos, la mano del secretario de Gobierno, Martí Batres, está detrás de la decisión que tomó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), al solicitar INTERPOL México de la Fiscalía General de la República (FGR) y al Instituto Nacional de Migración (INM) se emita Ficha Roja y Alerta Migratoria, respectivamente, en contra de Crhistian Von Roerich.
La Dirección General de Supervisión y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la FGJCDMX solicitó el apoyo de ambas instituciones con el fin de dar cumplimiento a la orden de aprehensión librada contra Christian “N”, por la probable comisión de los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público, así como el diverso de asociación delictuosa.
Como se recordará, la Fiscalía General de Justicia inició una indagatoria en torno a ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, lo que permitió identificar a otros individuos que, al desempeñar sus funciones en la anterior administración en esa demarcación, posiblemente habrían realizado actividades financieras a nombre otros funcionarios, de quienes se notificó su aprehensión el día de ayer.
Las indagatorias realizadas hasta el momento han permitido que la Fiscalía General de Justicia abriera una nueva línea de investigación, con sólidos datos de prueba aportados por uno de los ex servidores públicos ya procesados, que podrían configurar posible asociación delictuosa.
Posterior al sismo de 2017, la alcaldía Benito Juárez erogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasmas. Esta asignación fue mediante tres contratos: dos de ellos emitidos por un monto exacto destinados a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, más un contrato adicional por mantenimiento de inmuebles públicos afectados.
A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
