Por Dana Rodríguez
- Durante la conmemoración de la Revolución Mexicana en el Congreso capitalino, legisladoras advirtieron que las conquistas históricas aún deben traducirse en oportunidades reales para mujeres, jóvenes, trabajadores y comunidades rurales.
Ciudad de México, 19 de noviembre de 2026.— La Revolución Mexicana prometió justicia social, educación, mejores condiciones laborales y una vida digna para la población. Sin embargo, 116 años después del levantamiento de 1910, legisladores del Congreso de la Ciudad de México reconocieron que todavía existen desafíos para convertir esas conquistas históricas en derechos plenamente efectivos.
En sesión solemne con motivo del aniversario del movimiento revolucionario, representantes de distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de mantener vigentes los principios de igualdad, justicia y bienestar, aunque plantearon diferentes prioridades para alcanzarlos.
Una de las posturas centrales fue la de la diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, quien advirtió que las mujeres y las juventudes todavía enfrentan obstáculos para ejercer plenamente sus derechos.
La legisladora señaló que las conquistas sociales deben reflejarse en oportunidades educativas, acceso a servicios de salud mental, participación en las decisiones públicas y condiciones que permitan a las mujeres vivir libres de violencia.
Su posicionamiento puso sobre la mesa uno de los desafíos de la agenda social contemporánea: garantizar que los derechos reconocidos en las leyes se conviertan en beneficios tangibles para las nuevas generaciones.
Por su parte, la diputada del Partido Verde, Paulina Pérez Córdova, reivindicó los ideales revolucionarios como una responsabilidad permanente para defender los derechos de las comunidades y garantizar un futuro para el campo mexicano.
La legisladora sostuvo que la transformación social también implica respetar la identidad, el origen y los derechos de todas las personas, particularmente de quienes habitan las comunidades rurales.
Su planteamiento recuperó una de las principales banderas de la Revolución Mexicana: la defensa de la tierra y de las poblaciones históricamente excluidas.
En su intervención, el diputado Ernesto Villarreal Cantú afirmó que la mejor forma de honrar a quienes participaron en la lucha revolucionaria consiste en construir un país donde las demandas ciudadanas se conviertan en decisiones concretas de gobierno.
A su vez, el legislador Alejandro Carbajal González consideró que el bienestar no puede limitarse a discursos conmemorativos, sino que debe reflejarse en ingresos suficientes, acceso al agua y mejores condiciones de vida para las familias.
Desde Morena, Ángel Tamariz Sánchez defendió los incrementos al salario mínimo y la expansión de la política social como expresiones actuales de los ideales revolucionarios.
Mientras tanto, Pablo Trejo Pérez, del PRD, destacó que los programas de bienestar con reconocimiento constitucional representan avances en el cumplimiento de las demandas históricas de justicia social.
La diputada Leticia Haro Jiménez también consideró que la defensa de los derechos sociales y la soberanía nacional mantiene viva la tradición de las luchas de izquierda en México.
Más allá de las diferencias partidistas, los posicionamientos legislativos mostraron que las principales reivindicaciones del movimiento revolucionario continúan presentes en asuntos como el empleo, la educación, la igualdad de género, la participación ciudadana y el desarrollo rural.
La conmemoración del 20 de noviembre dejó así un mensaje para la agenda pública: el legado de la Revolución Mexicana no se mide solamente en conquistas del pasado, sino en los derechos y oportunidades que la población puede ejercer en el presente.









