Por Redacción
- La propuesta de entregar hasta 15 gallinas ponedoras por familia abre un nuevo frente para el Gobierno de Morena. Mientras la capital enfrenta problemas de agua, seguridad y servicios, quedan sin responder preguntas sobre el presupuesto, la operación y la viabilidad del proyecto.
Ciudad de México, 17 de noviembre de 2026.— ¿Cuánto le costará a los capitalinos el programa de gallinas de Clara Brugada? ¿Quién pagará su alimentación? ¿Habrá veterinarios, corrales y supervisión? ¿O el Gobierno capitalino únicamente entregará las aves y dejará a las familias la responsabilidad de mantenerlas?
Estas son algunas de las preguntas que surgen después de que la jefa de Gobierno defendiera su intención de impulsar la crianza doméstica de gallinas ponedoras como parte de una estrategia de soberanía alimentaria.
En una ciudad donde persisten demandas por suministro de agua, seguridad, infraestructura y atención a los servicios públicos, el proyecto abre una controversia sobre la distribución de recursos y las prioridades de la administración morenista.
Brugada aseguró que una familia podría contar con 15 gallinas para obtener una cantidad semejante de huevos diariamente.
No obstante, esa producción no está garantizada: depende de factores como la edad de las aves, su alimentación, estado sanitario, raza y condiciones de crianza.
¿Quién pagará la manutención de las gallinas?
La mandataria explicó que la iniciativa estará dirigida principalmente a familias de zonas rurales y a hogares que dispongan de espacio suficiente para instalar corrales.
Sin embargo, durante la conferencia no precisó el presupuesto del programa, la cantidad de gallinas que se distribuirán, el calendario de entrega ni los mecanismos de vigilancia sanitaria.
El asunto no es menor.
Una gallina ponedora necesita alimentación adecuada, agua, protección frente a temperaturas extremas, limpieza y atención sanitaria. Multiplicar esas necesidades por 15 animales puede representar un gasto recurrente para las familias.
De concretarse la entrega, el Gobierno capitalino tendría que explicar si proporcionará apoyos complementarios para evitar que el supuesto beneficio alimentario termine convirtiéndose en una carga económica adicional para los hogares.
También deberá esclarecer cómo atenderá posibles problemas de olores, residuos y convivencia vecinal, particularmente si el esquema se extiende a áreas urbanizadas.
Morena tendrá que explicar el costo
El debate coincide con la discusión presupuestal de 2027 en el Congreso de la Ciudad de México, donde Morena y sus aliados cuentan con una posición mayoritaria.
Aunque el proyecto todavía no cuenta con una asignación presupuestal detallada en la información difundida durante la conferencia, su eventual financiamiento deberá someterse a los mecanismos de autorización y fiscalización correspondientes.
La discusión permite plantear una pregunta a los legisladores capitalinos: ¿qué indicadores se exigirán al Gobierno para demostrar que la entrega de gallinas mejora realmente la alimentación y la economía de las familias?
Porque repartir animales no equivale automáticamente a garantizar una política alimentaria exitosa.
Para evaluar sus resultados será necesario conocer cuántos hogares se incorporan, cuánto producen, qué gastos asumen y si el programa mantiene beneficios a mediano plazo.
Clara Brugada rechaza las burlas
Ante las críticas, la mandataria aseguró que las experiencias de producción doméstica de alimentos no son nuevas y recordó la existencia de programas rurales en diferentes estados.
«¿Por qué aquí en la ciudad no podemos hacerlo?», cuestionó.
También argumentó que los hogares pueden aprovechar espacios para instalar huertos y producir hortalizas, por lo que consideró injustificado que se desacredite el uso de gallinas como alternativa alimentaria.
Según Brugada, su gobierno ya conoce experiencias en pueblos de la capital donde se realiza este tipo de actividad, por lo que anunció recorridos para mostrar sus resultados.
No obstante, las experiencias existentes no sustituyen la necesidad de presentar información financiera, sanitaria y operativa del nuevo programa.
¿Apoyo social o instrumento político?
La cercanía de las elecciones de 2027 coloca otra exigencia sobre la mesa: blindar cualquier distribución de apoyos frente a posibles prácticas de promoción partidista.
En los próximos comicios se renovarán las alcaldías y el Congreso local, por lo que la entrega de bienes mediante programas sociales deberá contar con padrones transparentes, criterios verificables y mecanismos de fiscalización.
No se ha acreditado que el proyecto de Brugada contemple una operación electoral, pero precisamente por tratarse de recursos públicos resulta indispensable establecer controles que impidan su utilización política.
La iniciativa representa, además, una prueba para la administración capitalina: demostrar que un programa anunciado como mecanismo de soberanía alimentaria puede sostenerse con resultados y no solamente con declaraciones.
Brugada adelantó que miles de familias podrían solicitar los apoyos y que próximamente dará a conocer formalmente el proyecto.
Mientras eso sucede, el Gobierno capitalino tiene pendiente responder una cuestión fundamental: si las gallinas serán pagadas con dinero público, ¿cuánto costará el programa y qué beneficios concretos obtendrán los ciudadanos?
Porque en la Ciudad de México el debate no debería limitarse a cuántos huevos pueden poner 15 gallinas, sino a cuánto costará producirlos y quién terminará pagando la cuenta.







