Por Arturo Gutiérrez
– La diputada propone reforzar las investigaciones por violencia política de género cuando los ataques adquieren notoriedad en medios y redes sociales.
Ciudad de México, 04 noviembre 2026.— Los ataques misóginos contra mujeres en la vida pública pueden generar intimidación y desalentar la participación de otras mujeres, advirtió la diputada Martha Ávila al presentar una iniciativa para fortalecer las investigaciones por violencia política de género en la capital.
La integrante de Morena en el Congreso de la Ciudad de México señaló que la crítica es fundamental para la democracia, pero no debe confundirse con imágenes sexualizantes, descalificaciones por ser mujer o expresiones que reproducen estereotipos de género.
“Los insultos en contra del adversario político muchas veces sirven de vehículo para expresar prejuicios: racismo, clasismo u ofender a una mujer por el hecho de ser mujer. Una práctica intolerable en cualquier contexto democrático”, manifestó.
Ávila sostuvo que estas conductas pueden trascender a la persona directamente afectada y crear un entorno que inhiba a otras mujeres de participar en política o asumir responsabilidades públicas.
Para fortalecer la respuesta institucional, propuso reformar el artículo 4 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, con una excepción al requisito de ratificación de denuncias presentadas por terceras personas sin consentimiento de la víctima.
El cambio permitiría al Instituto Electoral de la Ciudad de México continuar de oficio cuando los hechos sean públicos, notorios y evidentes, tengan impacto social y mediático y hayan sido difundidos directa o indirectamente por la persona señalada como probable responsable.
La propuesta cobra relevancia en casos de ataques difundidos mediante medios de comunicación y redes sociales, donde las expresiones pueden alcanzar una amplia exposición pública.
Su aplicación estaría limitada a los supuestos establecidos. Continuar una investigación no significaría acreditar automáticamente violencia política de género ni declarar culpable a la persona denunciada.
La autoridad electoral tendría que investigar los hechos y determinar lo procedente conforme a la ley. La iniciativa busca reforzar esa capacidad de actuación para proteger la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y libertad.
