Por Dana Rodríguez
CDMX, 04 junio 2026.- La exigencia de que los pueblos originarios participen directamente en las decisiones de gobierno volvió a cobrar fuerza en el Congreso de la Ciudad de México, donde la diputada Paulina Pérez ha impulsado reformas y exhortos para que las 16 alcaldías reconozcan y escuchen a las autoridades tradicionales en sus órganos de decisión.
La propuesta parte de una crítica recurrente de comunidades indígenas y pueblos originarios: durante décadas han sido considerados patrimonio cultural de la ciudad, pero no actores con influencia real en las políticas que afectan sus territorios.
De acuerdo con el balance difundido por la legisladora, uno de los principales objetivos ha sido fortalecer la representación política de los pueblos, garantizar el acceso a la justicia y ampliar el reconocimiento de derechos lingüísticos en una metrópoli donde conviven hablantes de náhuatl, mixteco, mazateco, zapoteco, otomí y otras lenguas originarias.
La agenda también incluye la reducción de brechas digitales, al considerar que el acceso a internet se ha convertido en un factor clave para acceder a educación, empleo, servicios públicos y participación ciudadana.
Otro de los ejes que destaca es el Sistema Público de Cuidados, con iniciativas enfocadas en reconocer el trabajo de quienes realizan labores de cuidado, una actividad que históricamente ha permanecido invisibilizada y recae principalmente en mujeres.
Sin embargo, especialistas señalan que el principal desafío no es la aprobación de iniciativas, sino su implementación. En la Ciudad de México existen múltiples reconocimientos legales para pueblos y comunidades indígenas, pero persisten conflictos por uso de suelo, falta de consulta efectiva y limitaciones presupuestales.
Con 26 iniciativas y 12 puntos de acuerdo reportados, la legisladora busca posicionar una agenda que coloca a los pueblos originarios como actores políticos y no sólo como referentes culturales. La pregunta que queda abierta es si las alcaldías y dependencias capitalinas estarán dispuestas a compartir espacios reales de decisión con las comunidades que históricamente dieron origen a la ciudad.
