Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 29 abril 2026.- La crisis de seguridad en Azcapotzalco escaló a un nuevo nivel tras el asesinato de una familia por negarse a pagar derecho de piso, un hecho que el PAN CDMX calificó como consecuencia directa del fracaso institucional en el combate a la extorsión.
La dirigente panista Luisa Gutiérrez Ureña sostuvo que la violencia ya superó los límites tolerables para la población capitalina.
“Estamos cansados de oír que se abrirán carpetas de investigación sin resultados”, declaró.
Las cifras respaldan la preocupación: en 2025 se reportaron 11,081 denuncias de extorsión, la cifra anual más alta en una década, mientras que sólo entre 2024 y 2025 el delito aumentó 38% en la capital.
Para el PAN, estos números reflejan una falla estructural en la estrategia de seguridad y una ausencia visible de acciones contundentes desde la administración de Nancy Núñez.
El señalamiento es directo: el crimen organizado avanza donde la autoridad retrocede.
El asesinato de la familia dedicada a una farmacia no sólo conmocionó a vecinos de Nueva Santa María; también encendió alertas sobre la expansión del cobro de piso en zonas tradicionalmente consideradas tranquilas de la alcaldía.
Hoy el mensaje político es claro: Azcapotzalco enfrenta una crisis de seguridad que ya cobró vidas infantiles y que amenaza con extenderse si no hay respuestas inmediatas, visibles y efectivas.
