Por Arturo Gutiérrez
Ciudad de México.— Lo que hoy es una sanción administrativa podría convertirse en una política pública clave para mejorar colonias enteras. En el Congreso de la Ciudad de México, el diputado Mario Enrique Sánchez Flores impulsa una reforma que transformaría el trabajo comunitario en un mecanismo de intervención directa en zonas con alta incidencia de faltas cívicas.
La iniciativa propone que las sanciones no se asignen al azar, sino que respondan a diagnósticos territoriales. Es decir, que las personas infractoras contribuyan a mejorar espacios públicos deteriorados, atendiendo necesidades previamente identificadas por las alcaldías.
El eje más innovador del proyecto es la creación de indicadores detallados: qué infracciones se cometen, en qué zonas, con qué frecuencia y bajo qué condiciones. Con esta radiografía, el gobierno capitalino podría diseñar estrategias focalizadas para prevenir conductas recurrentes.
Además, el enfoque incorpora perspectiva de género, al priorizar intervenciones en espacios inseguros que afectan especialmente a mujeres, niñas y adolescentes.
La reforma también obligaría a transparentar la información sobre sanciones y trabajo comunitario, abriendo la puerta a un nuevo nivel de rendición de cuentas en materia de justicia cívica.
El mensaje detrás de la iniciativa es contundente: la ciudad no solo debe castigar, sino entender y resolver los problemas que generan las faltas. Un cambio de enfoque que, de prosperar, podría redefinir la manera en que se construye la convivencia urbana en la capital.
