Por Dana Rodríguez
CDMX, 09 abril 2026.- El debate por el “Plan B” de reforma electoral encendió las alarmas en el Congreso de la Ciudad de México, donde el Grupo Parlamentario del PAN denunció que la iniciativa no solo es regresiva, sino que responde a una lógica de control político impulsada desde el poder federal.
Lejos de ser una modernización del sistema electoral, el bloque panista advierte que la reforma constituye un retroceso que debilita a las instituciones encargadas de garantizar elecciones libres y abre la puerta a riesgos que el propio Estado ha sido incapaz de contener, como la injerencia del crimen organizado.
“El problema no es el gasto, es la intención”, señalaron legisladores del PAN, al cuestionar que bajo el argumento de austeridad se promueva un recorte que impacta directamente en la operación técnica y autonomía de los órganos electorales.
Para Ricardo Rubio, el diagnóstico es claro: el “Plan B” no corrige fallas, las agrava. Denunció que la iniciativa carece de medidas efectivas para frenar el financiamiento ilícito o la intervención del narcotráfico en campañas, uno de los mayores riesgos para la democracia mexicana.
Desde la misma bancada, Diego Garrido acusó que la reforma ignora deliberadamente temas clave como la nulidad de elecciones contaminadas por el crimen organizado, lo que —dijo— evidencia una falta de voluntad para limpiar el sistema electoral.
Pero la crítica no se quedó en lo técnico. América Rangel fue más allá y planteó un escenario político: la reforma sería una respuesta anticipada del oficialismo ante el desgaste de su popularidad. “Quieren cambiar las reglas antes de perder el juego”, lanzó.
El señalamiento también alcanzó a los aliados del bloque gobernante, a quienes acusó de renunciar a su papel como contrapeso y respaldar una iniciativa que, según el PAN, concentra poder y debilita la pluralidad.
En un tono de advertencia, Claudia Pérez subrayó que la democracia no puede medirse en términos de ahorro presupuestal. “Reducir recursos no es sinónimo de fortalecer instituciones. Es debilitarlas”, sostuvo, al alertar sobre el riesgo de una concentración excesiva del poder.
La diputada Laura Álvarez reforzó esta idea al denunciar que la aprobación de la reforma responde a intereses políticos inmediatos y no a una visión de largo plazo para mejorar el sistema electoral.
A este coro de críticas se sumó Raúl Torres, quien evidenció la exclusión de millones de mexicanos en el extranjero, un sector que —afirmó— sigue siendo ignorado en las decisiones legislativas pese a su relevancia económica.
El fondo del debate, según el PAN, no es técnico sino político: quién controla las reglas del juego democrático.
Con una narrativa que combina austeridad, recortes y rediseño institucional, el “Plan B” ha sido etiquetado por la oposición como un proyecto de poder más que como una reforma electoral.
La conclusión del GPPAN fue contundente: votar en contra no es una postura partidista, sino —afirman— una defensa de la democracia frente a lo que consideran un intento de regresión institucional con sello presidencial.
