Por Dana Rodríguez
CDMX, 17 marzo 2026.- El conflicto escaló de tono. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, acusó que el Plan General de Desarrollo pretende convertir a la demarcación en una fuente de financiamiento para proyectos del gobierno central, sin retribución justa para sus habitantes.
“Somos de las alcaldías que más aportan por predial y seguimos sin ver ese dinero reflejado en obras”, denunció, al señalar que Miguel Hidalgo está siendo tratada como “caja chica”, mientras enfrenta rezagos en servicios e infraestructura.
El señalamiento golpea directo al corazón del modelo financiero de la ciudad: más recursos concentrados arriba, menos capacidad operativa abajo. En ese contexto, la creación de nuevas estructuras como las “Casas de Gobierno” es vista por la alcaldía como un intento de sustituir funciones locales y recentralizar decisiones clave.
A la crítica política se suma una acusación de opacidad. Autoridades locales señalaron que el documento no ha sido sometido a un proceso abierto ni transparente: no se solicitó opinión técnica formal a la alcaldía y su consulta pública se limita a una plataforma digital, lo que restringe el acceso real de la ciudadanía a un plan que tendría vigencia de 20 años y rango de ley.
El mensaje de fondo es explosivo: se está diseñando el futuro de la ciudad sin reglas claras, sin piso parejo en la distribución de recursos y sin garantizar beneficios tangibles para quienes sostienen financieramente a la capital.
Ante este escenario, Tabe no descartó llevar la batalla al terreno legal mediante una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que podría detonar un choque institucional de alto calibre.
Más que un desacuerdo técnico, el episodio revela una disputa por el control político, el dinero público y el modelo de ciudad: descentralización con participación vecinal o concentración de poder bajo una nueva estructura disfrazada de planeación.
