Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 12 enero 2026.- El retiro de perros del Refugio Franciscano ha marcado un punto de quiebre en la relación entre el Gobierno de la Ciudad de México y diversos sectores del movimiento animalista, que hoy acusan imposición, falta de diálogo y un uso político del discurso de protección animal.
Aunque la Jefa de Gobierno aseguró que los animales están a salvo, que no habrá desarrollos inmobiliarios en el predio y que se impulsarán nuevas clínicas, hospitales y una “Utopía Canina”, las críticas continúan. Activistas cuestionan que, mientras se anuncian ambiciosos proyectos, se haya intervenido un refugio sin acompañamiento previo ni una estrategia consensuada para mejorar sus condiciones.
El hallazgo de presuntas irregularidades en el albergue, como un crematorio clandestino o infestaciones, fue utilizado por el gobierno como argumento central; sin embargo, voces críticas advierten que el problema de fondo es estructural: la falta de apoyos, regulación clara y políticas públicas que fortalezcan a los refugios existentes, en lugar de debilitarlos.
El caso sigue abierto y, más allá del destino legal del predio, ha dejado al descubierto una profunda desconfianza hacia la autoridad, incluso en una ciudad que se define a sí misma como “corazón animalista”.
