“Javier López Casarín: la impunidad como política y el silencio como cómplice”
Por HHR
CDMX, 19 octubre 2025.- En la Alcaldía Álvaro Obregón, gobernada por Javier López Casarín, no solo impera la negligencia, sino algo mucho más grave: la impunidad disfrazada de gestión. El reciente feminicidio de Alma Bella Ruiz, joven de 24 años, a manos de dos policías auxiliares —uno de ellos escolta personal del director de Seguridad Ciudadana de la propia alcaldía— no solo desnuda la podredumbre de su aparato de seguridad, sino que también exhibe de forma brutal el total desinterés del alcalde por proteger la vida de las mujeres que habitan el territorio que dice gobernar.
Mientras Alma era asesinada tras asistir a una fiesta en la colonia Primeras Victorias, y su cuerpo arrojado cobardemente en la carretera México-Toluca, López Casarín estaba ocupado en lo que realmente le importa: su imagen, sus negocios y sus convenios oscuros disfrazados de «gestión pública», además de abandonar el cargo sin decir nada durante un mes. Su prioridad no es esclarecer feminicidios ni garantizar seguridad, sino seguir capitalizando políticamente y financieramente los recursos de la alcaldía.
El intento de encubrimiento del crimen es tan escandaloso como revelador. Los agresores, Oswaldo Idalecio Retana y Yureli Retana García, policías auxiliares de Álvaro Obregón, se movilizaron con total impunidad. Uno de ellos usaba vehículos oficiales para fines personales, como salir de fiesta —con pleno conocimiento o con total omisión de sus superiores. La primera versión oficial quiso hacer pasar el asesinato de Alma como un simple atropellamiento. Incluso un perito, cuya objetividad debería estar garantizada por el Estado, mintió deliberadamente al señalar marcas de neumáticos como causa de muerte. La verdad fue otra: Alma tenía un disparo en la cabeza. ¿Qué clase de administración permite que se manipule un feminicidio desde sus propias estructuras?
La respuesta es simple: una administración sin ética, sin compromiso y sin vergüenza.
El silencio de Javier López Casarín ante estos hechos no es solo cobarde, es criminal. En lugar de condenar de inmediato el asesinato, en lugar de sancionar a los funcionarios involucrados y a su jefe de seguridad -que luego de ser destituido está prófugo-, optó por el silencio estratégico. Un silencio que protege a sus colaboradores y encubre la corrupción que ya ha podrido hasta la raíz su aparato de seguridad.
Este no es un caso aislado. Es un síntoma de algo más profundo: un modelo de gestión que permite que agresores armados y protegidos por el uniforme ataquen a una mujer, intenten ocultarlo, y confíen en que nada pasará porque están cubiertos por la red de complicidades de siempre. Si no es por la presión pública, por la investigación de la Policía de Investigación y por las contradicciones de los agresores, Alma Bella Ruiz sería hoy una víctima más invisibilizada por la maquinaria del encubrimiento institucional.
Casarín no solo ha fallado como alcalde. Ha fallado como servidor público, como figura de autoridad y, sobre todo, como ser humano. Su omisión, su negligencia y su falta de empatía son inaceptables. Y no se trata solo de pedir justicia para Alma —algo que por supuesto es urgente—, sino de exigir responsabilidades políticas. Javier López Casarín debería renunciar. Y si no lo hace, debería ser removido.
Porque mientras él mira hacia otro lado, más preocupado por hacer negocios con el erario que por garantizar la seguridad de las mujeres, otra mujer puede estar en peligro. Y eso, en una ciudad que presume de avanzada, no se puede permitir.
Justicia para Alma. Castigo para sus asesinos. Y que caigan también quienes, con su silencio, los protegieron.
