Por Dana Rodríguez
Ciudad de México, 01 de octubre de 2025.– La renovación de la Secretaría de la Contraloría General (SCG) de la capital podría marcar un cambio de paradigma, si se concretan las propuestas expuestas por los tres aspirantes entrevistados por el Congreso local. En sus exposiciones, los temas más recurrentes fueron la digitalización, la participación ciudadana, la eficiencia administrativa y la recuperación de la confianza pública.
El aspirante Misael Martínez Vielma, quien se ha desempeñado como conciliador en el ámbito laboral federal, planteó un enfoque estructurado en cuatro ejes: modernización tecnológica de los procesos, fomento a la cultura de integridad en las instituciones, capacitación continua para el personal y mayor involucramiento de la ciudadanía. Según su visión, el eje digital permitiría cerrar brechas, reducir discrecionalidades y facilitar el acceso a la información pública.
Por otro lado, Elena Ramos Arteaga, con experiencia en órganos internos de control de la administración federal, se comprometió a consolidar una gestión por resultados, eficiente, ética y con estricta observancia del cumplimiento de metas. Ramos considera que la SCG debe ser una instancia preventiva y no solo correctiva, con estrategias sólidas para disminuir riesgos de corrupción en todos los niveles de gobierno.
Nashieli Ramírez Hernández, con amplia trayectoria en derechos humanos, apostó por un modelo de contraloría centrado en el territorio y la ciudadanía. Su propuesta destaca por incluir elementos como gobierno abierto, transparencia proactiva, combate a la impunidad, contraloría social y gestión del cambio institucional. Para ella, el reto es adaptar su experiencia a un contexto de auditoría y control administrativo, sin perder de vista el enfoque de derechos y la dimensión social del gasto público.
En el proceso legislativo, diputadas y diputados de distintas bancadas plantearon preocupaciones sobre la imparcialidad del órgano contralor en las alcaldías, la atención a quejas ciudadanas, la protección de denunciantes y el fortalecimiento de la fiscalización ante actos de negligencia gubernamental.
Las entrevistas dejaron claro que la SCG deberá reinventarse para ser un órgano más ágil, más cercano a la ciudadanía y más efectivo en el combate estructural a la corrupción. La decisión legislativa será clave para determinar el rumbo que tomará esta institución en los próximos años.
