Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 23 septiembre 2025.- La inclusión de personas sordas en la Ciudad de México avanza a paso lento y en silencio. La reciente propuesta del diputado Pablo Trejo Pérez para promover la enseñanza de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en las 16 demarcaciones es un buen intento, pero dista mucho de resolver la profunda desigualdad que enfrenta esta comunidad.
La capital del país alberga a más de 483 mil personas con discapacidad auditiva, pero apenas un 12% de ellas se comunica en LSM. Esta cifra revela un problema estructural: la falta de acceso a este idioma por parte de quienes lo necesitan. ¿Cuántos sordos en la CDMX no han podido aprender LSM simplemente porque no han tenido oportunidades ni espacios para hacerlo?
El Estado ha fallado en garantizar este derecho. A pesar de que la Constitución local reconoce la LSM como idioma oficial y parte del patrimonio lingüístico, en la práctica los servicios públicos siguen excluyendo a quienes dependen de ella.
En hospitales, juzgados, oficinas de gobierno o escuelas, la ausencia de intérpretes es la norma, no la excepción. Y aunque se reconocen derechos en papel, las políticas públicas no avanzan con la misma fuerza.
El proyecto de Trejo Pérez tiene potencial, pero necesita acompañarse de acciones firmes: asignación presupuestaria, contratación de instructores e intérpretes, campañas de sensibilización, y evaluación constante. De lo contrario, será solo otro gesto simbólico en el calendario político.
Es hora de dejar de hablar de inclusión como un ideal abstracto y comenzar a construirla desde la base: con accesibilidad real, políticas con impacto y reconocimiento pleno de las lenguas y culturas de todas las personas, incluyendo a quienes viven en el silencio obligado por la omisión del Estado.
