Por Dana Rodríguez
Ciudad de México | 17 de septiembre de 2025.- La entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa una oportunidad histórica para reestructurar la justicia cotidiana en México. Sin embargo, el discurso inaugural de Jesús Sesma Suárez, presidente del Congreso de la CDMX, recordó que los vicios políticos del pasado siguen presentes.
Sesma planteó una visión ambiciosa: una justicia que sea “ágil, transparente y confiable”. Sin embargo, su intervención repitió fórmulas ya conocidas: referencias simbólicas a Martin Luther King, llamados a la unidad institucional y frases inspiradoras sin contenido normativo.
No hubo propuestas claras sobre cómo asegurar la capacitación judicial, cómo prevenir que los cambios normativos se queden en el papel, o cómo se garantizará el acceso a la justicia para grupos históricamente excluidos.
La realidad en la capital mexicana contrasta con la narrativa oficial. En los juzgados de lo familiar, los procesos suelen durar años; los peritajes psicológicos están saturados; y muchas personas sin recursos siguen sin acceso a representación legal. Todo esto, a pesar de que el nuevo código promete simplificación y eficacia.
Además, en el Congreso de la CDMX no se ha discutido aún un cronograma detallado para la armonización con el nuevo marco legal. Tampoco se ha abierto un proceso público de consulta sobre las reformas locales necesarias, ni se ha garantizado presupuesto para su implementación.
Así, aunque el nuevo código simboliza un paso adelante en el papel, el acto inaugural mostró que los discursos políticos siguen atados a la simulación. Las transformaciones jurídicas sin voluntad política y sin mecanismos de vigilancia ciudadana solo perpetúan un sistema de justicia excluyente.
