Por Dana Rodríguez
Ciudad de México, a 17 de septiembre del 2025.- El discurso de Manuel Talayero durante el foro sobre la venta de animales vivos se presentó como un paso decisivo hacia el reconocimiento jurídico pleno de los animales como seres sintientes. Cimentado en la Constitución mexicana y la capitalina, el mensaje fue claro: legislar en favor del bienestar animal es una obligación ética y legal, no un gesto de compasión.
No obstante, entre los aplausos y las frases bienintencionadas, persisten omisiones importantes. Si bien se reconoce la urgencia de alinear la práctica cotidiana con la normativa constitucional, poco se dijo sobre cómo se garantizará el cumplimiento efectivo de una eventual ley. Tampoco se abordaron los recursos necesarios para fiscalizar, sancionar o acompañar a quienes hoy dependen económicamente de este comercio.
Además, la propuesta contempla sanciones de hasta 150 UMAs (cerca de 16,900 pesos), lo cual podría ser inviable para pequeños comerciantes, pero insignificante para grandes cadenas que seguirían operando con márgenes amplios. El riesgo es generar un modelo punitivo asimétrico, que no resuelve de fondo la problemática ni modifica la cultura del consumo de animales.
Otro punto ausente fue la creación de alternativas para los actores involucrados. ¿Qué opciones tendrán los criadores regulados? ¿Se prevé algún plan de transición, reconversión o certificación para tiendas de mascotas?
Mientras Talayero subraya que «los animales no son mercancías», la discusión legislativa deberá demostrar que el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho no se queda en el discurso, sino que se traduce en políticas públicas sostenibles, con criterios técnicos, éticos y sociales claros.
