Por Dana Rodríguez
CDMX, septiembre 2025.- Transportadora Silza, filial de Grupo Tomza, está en la mira de la Fiscalía capitalina tras el accidente en el Puente de La Concordia. Las autoridades confirmaron que tanto la empresa como el conductor están siendo investigados por presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad. Sin embargo, también reconocieron que la empresa “está colaborando” y ha manifestado su disposición a asumir la responsabilidad.
Este giro discursivo ha encendido críticas, especialmente en redes sociales, donde ciudadanos cuestionan si se pretende suavizar las responsabilidades del consorcio, conocido por su historial de irregularidades. Desde hace más de una década, Tomza ha sido objeto de señalamientos por malas prácticas en la distribución de gas en distintas entidades del país. En 2017, por ejemplo, fue sancionada por la CRE por omitir requisitos de seguridad en el transporte de combustible.
Durante la conferencia, la Fiscalía no confirmó si la empresa contaba con seguros vigentes. La compañía difundió un comunicado donde asegura tener “tres pólizas activas”, pero no se ha transparentado el contenido ni la cobertura de éstas. El gobierno capitalino evitó confirmar si Tomza tiene contratos públicos vigentes, aunque adelantó que “se investigará”.
Para muchos, la tragedia de La Concordia pone sobre la mesa la impunidad operativa de grandes gaseras en México. La supuesta disposición de colaborar no puede convertirse en un blindaje tácito. El proceso legal debe determinar con firmeza si la empresa incurrió en negligencia y, en su caso, suspender su operación hasta garantizar que no representa un nuevo riesgo para la población.
El gobierno ha prometido apoyar a las víctimas, pero también ha dejado claro que la responsabilidad última —legal, técnica y administrativa— será determinada por la ASEA y la Fiscalía. La pregunta ahora es si la voluntad política será suficiente para frenar a un consorcio con tanto poder económico.
