Por Dana Rodríguez
CDMX, 28 agosto 2025.- El punto de acuerdo promovido por el diputado Juan Rubio Gualito parte de una premisa poderosa: la capacitación como herramienta para reducir desigualdades, empoderar a las personas y promover el desarrollo económico local. No obstante, su implementación enfrenta obstáculos estructurales que no pueden ser ignorados.
El más evidente es que los módulos legislativos, que deberían servir de plataforma para la propuesta, no han sido debidamente instalados por la mayoría de los 66 diputados del Congreso capitalino. Aunque cada legislador está obligado a mantener una oficina de atención territorial, los informes y quejas ciudadanas apuntan a que muchas de estas oficinas no existen físicamente o no están abiertas al público, incumpliendo una obligación legal y política.
Esto debilita la propuesta, pues para que los módulos sean “puentes entre la gente y las oportunidades”, como planteó el legislador, primero tienen que ser reales, operativos y transparentes. La capacitación ofrecida por el ICAT CDMX puede ser un motor de movilidad social, pero sin una red de apoyo territorial institucionalizada, su impacto seguirá siendo limitado.
Además, la propuesta requiere de un diagnóstico previo que identifique qué tipo de formación se necesita en cada comunidad, qué barreras enfrentan las personas para inscribirse y cómo garantizar que el acompañamiento no se quede en la mera entrega de folletos. La verdadera transformación social no ocurre solo con exhortos, sino con estructuras que funcionen, programas adaptados a la realidad y voluntad política sostenida.
