Por Dana Rodríguez
CDMX, 25 agosto 2025.- La narrativa del Grupo Parlamentario de Morena durante su plenaria giró en torno a la defensa de los derechos sociales, en especial de mujeres, personas de la diversidad sexual, adultos mayores y comunidades vulnerables. La diputada Xóchitl Bravo fue enfática: “no es una agenda de campaña, es una lucha histórica de la izquierda”. Sin embargo, el discurso contrasta con la forma en que estas políticas se construyen: desde arriba, sin procesos amplios de consulta ciudadana y con fuerte dependencia del poder ejecutivo.
La pluralidad de voces no se traduce en pluralidad de decisiones. Aunque se reconoce el trabajo de diversos diputados en temas como movilidad, salud o derechos humanos, la validación final recae en la Jefatura de Gobierno y en la dirigencia nacional del partido. La agenda legislativa se presenta como una “colaboración con el Gobierno de la Ciudad”, pero no se detalla cómo se garantizará el respeto a la autonomía legislativa o qué margen tienen las y los diputados para disentir.
Esta lógica vertical también se refleja en la forma en que se aborda la participación ciudadana. Se menciona una próxima reforma a la Ley de Participación Ciudadana, pero no se especifica cómo se va a proteger la voz vecinal ante las decisiones de las alcaldías o cómo se evitará la simulación en los procesos de consulta. Lo mismo ocurre con las propuestas relacionadas con migración o diversidad sexual: su inclusión en la agenda no asegura que se traduzcan en políticas públicas reales si no hay voluntad de implementación desde las estructuras gubernamentales.
En el fondo, Morena habla de pueblo, pero decide desde el partido. Y aunque reivindica banderas históricas de la izquierda, lo hace desde una institucionalidad cada vez más centralizada, más disciplinada y menos dispuesta al debate abierto.
