Por Dana Rodríguez
Ciudad de México, 13 de agosto de 2025.- El Gobierno capitalino, a través de su Consejería Jurídica, sostuvo que el Bando Uno es una estrategia para garantizar el derecho a una vivienda habitable, asequible y con arraigo local.
Con 14 medidas —aún no totalmente publicadas—, el plan busca atender las consecuencias de la gentrificación y ordenar el crecimiento urbano.
Sin embargo, a la fecha, ni expertos ni la ciudadanía conocen en detalle los alcances de esta “hoja de ruta”.
La titular de la Consejería Jurídica, Eréndira Cruzvillegas, afirmó que el Bando Uno quiere ser un documento construido en conjunto con la sociedad, pero no especificó qué medidas concretas contendrá, qué tiempos de implementación se manejarán, ni cómo se medirá su impacto.
En este contexto, surge una pregunta crítica: ¿puede un instrumento político-administrativo como un “bando” revertir el fenómeno estructural de la gentrificación, sin una reforma legislativa profunda y sin tocar el modelo de desarrollo urbano basado en la especulación inmobiliaria?
Además, el discurso oficial evita enfrentar el dilema de fondo: ¿cómo se garantizará vivienda asequible si no se regula la acumulación de propiedades para renta turística? ¿Cómo se preservará el arraigo local si se permite la turistificación masiva de colonias enteras?
El Bando Uno aún parece más un gesto simbólico que una política pública con dientes. Urge más que retórica: se necesitan acciones concretas, evaluables y con impacto real en el derecho a la ciudad.
