Por Redacción
CDMX, 06 agosto 2025.- En la Ciudad de México, el fenómeno de la extorsión es una amenaza directa para la economía local, especialmente para los pequeños y medianos comercios. Estos, muchas veces los más vulnerables, se ven obligados a pagar sumas exorbitantes para poder operar sin ser atacados por grupos criminales. La propuesta de crear una Unidad Antiextorsión Comercial, presentada por el Diputado Andrés Sánchez Miranda, busca paliar esta grave situación, pero muchos cuestionan si las medidas serán suficientes para frenar esta violencia económica.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Extorsión (ENVE 2024), la Ciudad de México tiene una de las tasas más altas de extorsión empresarial en el país. Con 3,126 extorsiones por cada 10,000 unidades económicas, la capital está por encima del promedio nacional, lo que subraya la magnitud de la crisis. Este tipo de delitos no solo afectan a las finanzas de los comercios, sino que tienen un impacto directo sobre el empleo y la inversión local, elementos clave para el crecimiento económico de la ciudad.
La iniciativa presentada por Sánchez Miranda propone medidas como la creación de una Policía de Protección Empresarial que vigile los corredores comerciales y la instalación de botones de pánico en los negocios. También se incluye la propuesta de créditos preferenciales a tasa cero para las víctimas de extorsión, lo que podría aliviar momentáneamente la presión económica sobre los negocios afectados. Sin embargo, la efectividad de estas medidas sigue siendo incierta.
La principal dificultad que enfrentan estas iniciativas es la falta de confianza en las autoridades y el sistema de justicia. Como señala el propio diputado, el 93% de los delitos no se denuncian debido a que las víctimas no creen que la denuncia sirva para algo. A pesar de las buenas intenciones, la desconfianza hacia la policía y la percepción de impunidad siguen siendo grandes obstáculos. Para que las medidas propuestas tengan éxito, es necesario que se implementen cambios estructurales en el sistema de seguridad y justicia, donde la corrupción y la ineficiencia no sigan siendo una constante.
Además, la creación de la Unidad Antiextorsión podría no ser suficiente si no se abordan otras problemáticas relacionadas, como la presencia del crimen organizado en las zonas comerciales. El reto será coordinar la acción de todas las autoridades y poner en marcha un sistema que garantice protección real a los comercios.
