Dana Rodríguez
Ciudad de México, 05 agosto 2025.- La Fiscalía capitalina informó que los feminicidios bajaron de 40 a 20 en los primeros siete meses de 2025, y que se han registrado 72 detenciones y judicializaciones, 13 más que el año anterior. Según Bertha Alcalde, estos resultados reflejan una eficiencia ministerial del 360%. Pero más allá del entusiasmo de la cifra, falta lo más importante: saber si estas acciones se traducen en justicia real para las víctimas.
Colectivos feministas han denunciado sistemáticamente que la clasificación de feminicidio se aplica con criterios dispares en las fiscalías, y que muchas muertes violentas de mujeres se registran como homicidios simples o suicidios. Esto abre la posibilidad de que la reducción de casos no sea reflejo de una disminución real en la violencia feminicida, sino de una reclasificación institucional.
Además, la Fiscalía no informó cuántas de las 72 judicializaciones concluyeron en sentencia, ni si las víctimas o sus familias han accedido a reparación integral del daño. En otras palabras, lo que se muestra como eficiencia podría ser solo acumulación de expedientes abiertos, sin una mejora efectiva en los procesos de justicia.
De acuerdo con cifras del INEGI, más del 90% de los feminicidios en México quedan impunes, y en la Ciudad de México los avances en perspectiva de género dentro del sistema judicial siguen siendo frágiles. En ese contexto, hablar de eficiencia sin mostrar sentencias es como presumir un puente en obra: lo que importa es si cumple su propósito, no cuán largo parece.
