Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 31 julio 2025.- La reciente propuesta legislativa de Diana Sánchez Barrios para condonar cuotas de mantenimiento a adultos mayores en unidades habitacionales ha sido presentada como un paso hacia la justicia social, pero también podría leerse como un movimiento con tintes simbólicos y de corto alcance frente a problemáticas estructurales de la vejez en México.
Si bien es cierto que más de 12 millones de adultos mayores acceden a apoyos como la Pensión para el Bienestar, esta iniciativa no especifica el costo real que tendría para los condominios ni si habrá apoyo estatal complementario. Esto abre una brecha entre el discurso y la aplicación práctica, lo cual podría generar tensiones internas en los espacios habitacionales.
La falta de un padrón específico o criterios de vulnerabilidad puede conducir a una dispersión de recursos mal focalizados o a que personas con capacidad económica también se beneficien de una política que debería estar dirigida a los sectores más desfavorecidos.
Además, en medio de un año preelectoral, surgen dudas sobre si esta propuesta responde más a una estrategia de visibilidad política que a una solución de fondo. Sin mecanismos de transparencia ni reglas de operación claras, el riesgo de que la medida quede en papel o genere efectos adversos es considerable.
