Por Arturo Gutiérrez
Ciudad de México, 29 de julio de 2025.- El Parlamento de las Personas con Discapacidad 2025 ha sido presentado como un espacio inédito para que las personas con discapacidad propongan ideas que impacten en la vida pública. Sin embargo, voces críticas han cuestionado si la creación de estos foros garantiza una verdadera participación, o si solo sirven como vitrinas políticas para legitimar una inclusión aún limitada.
La diputada Diana Sánchez Barrios enfatizó que “la inclusión no es una concesión, es un derecho”. Su mensaje, aunque poderoso, parece entrar en contradicción con la falta de una agenda legislativa robusta enfocada en temas clave como empleabilidad con ajustes razonables, vivienda digna adaptada, y representación política con voz y voto.
El discurso de los legisladores reconoció la importancia del parlamento, pero ninguna intervención oficial explicó si existirá una mesa interinstitucional para coordinar las propuestas recibidas ni cuál será el mecanismo para evaluar su viabilidad.
La pregunta que permanece es contundente: ¿cuál será el impacto real de este parlamento? Si las propuestas no tienen cauce institucional o no generan modificaciones normativas, el ejercicio corre el riesgo de convertirse en una consulta sin consecuencias. Las personas con discapacidad no deben ser solo escuchadas; deben participar plenamente en la construcción del poder político.
